Expansión inmobiliaria sin control de Villa Serrana motiva intervención y plan de ordenamiento
Expansión inmobiliaria sin control de Villa Serrana motiva intervención y plan de ordenamiento
La expansión inmobiliaria sin control en Villa Serrana, en el departamento de Lavalleja, motivó la decisión de poner en marcha de un plan de ordenamiento territorial y control de las construcciones que ponga freno a los riesgos medioambientales asociados a las nuevas edificaciones.
Concretamente, el Mvotma, a través de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) apoyará al gobierno departamental de Lavalleja en la concreción de la legislación de ordenamiento territorial en el suelo serrano.
Actualmente, el departamento se encuentra frente a una serie de desafíos vinculados a la concreción de instrumentos de ordenamiento territorial como sus Directrices Departamentales y el Plan Local de Villa Serrana.
Este plan es el que buscará limitar la edificación en ese punto de Lavalleja, donde se promueve un perfil de turismo asociado al disfrute de la naturaleza.
Será una prioridad del plan “poner el acento en la regulación del uso y protección del suelo”. Se regulará la ubicación de actividades productivas e industrias, urbanizaciones, fraccionamientos, protección del paisaje y toda planificación futura de preservación y protección de mejoramiento de su calidad ambiental, racionalizando su explotación, en beneficio de los habitantes de la ciudad y su entorno, sostiene un documento elaborado por la Dinot.
Se pretende realizar “el trazado de lineamientos estratégicos atendiendo a la compatibilidad de las actividades existentes con los nuevos desarrollos, con especial cuidado en los aspectos ambientales, y procurando el correcto equilibrio entre lo natural y lo antropizado, entendiendo este equilibrio estratégico para el desarrollo de Villa Serrana y su entorno”.
Con el objetivo de conservar el carácter de Villa Serrana, se podría promover a la zona dentro del Sistema de Áreas Protegidas para que se considere un paisaje protegido. De esa manera, quedaría limitado de manera directa la edificación y otro tipo de intervenciones en el suelo.
Lo concreto es que, según el gobierno, “de mantenerse este escenario inercial o tendencial actual”, Villa Serrana exhibirá un “incremento de población que podría significar la expansión del suelo suburbano sobre el suelo rural mediante nuevas ocupaciones y fraccionamientos excesivos”.
Esto motivaría una “excesiva urbanización y, por consiguiente, una desnaturalización del ambiente”. Además, el aumento de la población traerá aparejado “una continua degradación y desprotección de la flora y fauna, sin un sistema de protección acorde”.
Por otra parte, se estima que “aumentarán las dificultades para acceder al agua, así como también la contaminación por la disposición final de los efluentes domiciliarios, lumínica y sonora. Asimismo, se mantendrá una inadecuada convivencia entre las construcciones nuevas y existentes con el entorno natural”.
Con la puesta en marcha de un plan local se permitirá “la ocupación del territorio con nuevas intervenciones para turismo de baja intensidad, posibilitando el acceso, uso y goce a toda la población nacional y extranjera”. Asimismo, “se regulará los nuevos fraccionamientos y las construcciones existentes de forma de asegurar el correcto equilibrio entre lo natural y lo poblado, para este cometido se efectuará una nueva normativa acorde a los requerimientos”.
El gobierno y la Intendencia de Lavalleja entienden pertinente establecer distintas categorías para el suelo serrano. En el caso de los suelos categoría rural quedan, por definición, excluidos de todo proceso de urbanización o de fraccionamiento con propósito residencial. En dichos suelos quedan prohibidas las edificaciones que puedan generar necesidades de infraestructuras y servicios urbanos, o que representen el asentamiento de actividades propias del medio urbano en detrimento de las propias del medio rural o hagan perder el carácter rural o natural del paisaje.
En caso que se termine aprobando este plan, se prevé la creación de la figura de Policía Territorial para controlar su aplicación y realizar una evaluación de las disposiciones.
Fuente Revista Propiedades
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